La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, de mayoría opositora, definirá este martes sobre el juicio político de censura que se tramita contra el presidente del país, el conservador Guillermo Lasso.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, ha convocado a la sesión del pleno para conocer unos memorandos remitidos por la Comisión de Fiscalización, en los que ratifica que no se alcanzó a aprobar el informe que preparó sobre el trámite del juicio.

Con ese antecedente, el presidente de la Asamblea ha explicado, en una misiva enviada este domingo a los legisladores que forman la Cámara, que se aplicará el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Dicha norma encarga al pleno de la Asamblea el conocimiento de una ley o un procedimiento parlamentario que no haya podido ser resuelto por las comisiones legislativas.

La misiva de la convocatoria a la sesión del pleno para el próximo martes ha sido difundida por varios legisladores en redes sociales.

 La Comisión de Fiscalización no logró el sábado aprobar el borrador de un informe que recomendaba desistir del juicio político al presidente Lasso, acusado por la oposición de peculado (malversación).

Cinco de los nueve integrantes de la Comisión de Fiscalización rechazaron el informe presentado por el presidente de esa instancia, el asambleísta independiente Fernando Villavicencio, afín al oficialismo.

Sin carácter vinculante, el informe de la Comisión, presentado por Villavicencio y elaborado por asesores de ese mismo organismo, recomendaba que la Asamblea no siguiera con el juicio político al considerar que no existían pruebas del presunto peculado (malversación) que la oposición le imputa a Lasso.

La oposición sostiene que Lasso tuvo conocimiento de un contrato lesivo para el Estado sobre transporte de crudo, firmado entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker, y que no impidió las supuestas irregularidades una vez que ya era presidente.

En cambio, la defensa del presidente argumenta que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se hizo una renovación que recogía una serie de recomendaciones de la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para mejorar las condiciones para el Estado.

El pleno de la Asamblea debe sopesar los argumentos y definir si procede continuar con el juicio político, para lo cual requiere los votos de una mayoría simple de los 137 legisladores.

Si prospera la posibilidad del juicio político, la Asamblea debe convocar al pleno a una sesión de interpelación al mandatario, cuya eventual salida del poder requiere de un mínimo de 92 votos, las dos terceras partes de la Cámara.

EFE